Más razones para la suspensión del Centro Veterinario en Laguna de los Padres

La construcción del Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, detenida en el mes de noviembre por la jueza Lucrecia Bustos del juzgado de garantías Nº 6 que resolvió hacer lugar al recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, es solamente una anécdota si se tiene en cuenta lo que viene ocurriendo en el marco del acuerdo transaccional que el ex intendente Carlos Arroyo firmó con Playa Azul SA.

A principios de diciembre se realizó una denuncia penal por posible “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” que será investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos N° 10 a cargo de los fiscales Javier Pizzo y David Bruna y que tramita por ante el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Saúl Errandonea.
La denuncia cuestiona a Carlos Arroyo por el acuerdo transaccional mediante el que le abrió la posibilidad a la empresa Playa Azul SA, concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, de habilitar un boliche a cambio de construir un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, poner en valor un inmueble de propiedad municipal y demoler la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla. En la documentación se destaca que la concesionaria no cumplió las inversiones previstas en el pliego original, por lo que debió habérsele dictado la caducidad.

Sin embargo y a pesar de eso, horas antes de dejar el cargo Arroyo autorizó a través del decreto 3256 a Playa Azul a establecer el boliche, el decreto refrendado por el secretario de Educación, Luis Distéfano aclara que la habilitación comercial dependerá de Inspección General. Arroyo argumentó que las tres obras -la realización de un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla- están oficialmente iniciadas, por lo que quedaba otorgarle a Playa Azul SA la admisión del “uso gastronómico y complementarios” prometida a cambio.
También a horas de asumir el Intendente Guillermo Montenegro suspendió el Decreto de Carlos Arroyo lo que imposibilita la entrada en vigencia del Decreto, hasta que el mismo sea analizado por el área Legal y Técnica y otras áreas de competencia en la materia.
Entre los argumentos esgrimidos se enfatiza que se autorizó la obra con un informe de la Contaduría General que cuestionaba “la legalidad de lo actuado” y sin esperar el “dictamen definitivo del órgano de asesoramiento jurídico del municipio”.

Además el Acta Transaccional fue rubricada cuando la empresa en cuestión estaba a punto de perder la concesión del estacionamiento por incumplimientos en el pliego.
Por ahora, hay más de una razón para que el centro veterinario en Laguna no se construya, algunos de los denunciantes piensan que podrían haber millones de razones.

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