“No queremos que pase lo del puerto”

Luego de que la viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, diera a conocer los detalles de la campaña de control del trabajo registrado en General Pueyrredon en el rubro pesquero, donde según el resultado de las inspecciones en la zona portuaria de Mar del Plata el porcentaje del personal no registrado ascendió al 80 por ciento, y subrayaran que este año “será el del registro laboral”, todo el sector agropecuario se puso en estado de alerta.

A los efectos de informarse y prevenir una situación similar cuando comiencen los mismos controles en la zona, cerca de cien productores, en su mayoría frutihortícolas, participaron de una disertación en el patio de la Escuela Nº 48 de Laguna de los Padres, basada fundamentalmente en poner sobre aviso al sector, de la necesidad de regularizar la situación de los trabajadores rurales.

En la misma expusieron Ángel Ratto, delegado en Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Nación; la Dra. Marilina Vázquez, Delegada de la Dirección Nacional de Migraciones; el señor Antonio Abad Oña, Vicecónsul de Bolivia en Buenos Aires; Rubén Ángel Cepeda, secretario general de la seccional de UATRE Mar del Plata (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores); y Carlos Theiller y Jorge Gambale del área de producción del municipio.
Mientras se esperaba el inicio de la charla, personal del SENASA distribuyó folletos informativos del RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) el mismo es obligatorio y en ellos explican la necesidad y los beneficios de registrarse.

TRABAJADORES EN BLANCO
El primero en exponer fue Ángel Ratto que explicó las simplificaciones implementadas para que desde el primer día los empleadores puedan realizar la inscripción precaria de su personal llenando sólo una planilla, para luego continuar con los demás trámites, casi todo “lo pueden realizar por Internet” dijo y de alguna manera ratificó lo que vienen afirmando y promoviendo desde el Ministerio de Trabajo de la Nación “se procura colaborar con los empleadores para que blanqueen al personal, porque la situación amerita un esfuerzo de todos y porque ahora tienen herramientas jurídicas a menores costos”.

RADICACIÓN PRECARIA Y RESIDENCIA
Por su parte, la Dra. Marilina Vázquez brindó los detalles de los trámites y la documentación necesaria para obtener la residencia, en principio radicación precaria, para que los ciudadanos de otros países del Mercosur puedan trabajar en el país inmediatamente y hacerlo registrados por sus empleadores. “Los requisitos son mínimos, y el trámite es muy rápido si se cuenta con la documentación” dijo y luego enumeró, Cédula o documento de identidad del país de origen, certificado de antecedentes penales argentinos y del país de origen, el sello de ingreso al país en el documento de viaje o en la tarjeta migratoria, con eso se saca un turno, la tasa de radicación es de $300 y el costo del DNI es de $35.
También explicó, que aquellos que viajan desde su país a la argentina con la determinación de venir a trabajar, pueden realizar el trámite en el consulado argentino en el país de origen antes de viajar, lo que es mucho más seguro, rápido y simple.
En esta temática también intervino el Vicecónsul de Bolivia Antonio Abal, ratificando que la Argentina les brinda a sus conciudadanos la posibilidad de vivir y trabajar con los mismos derechos de los que gozan los argentinos, pero también con las mismas obligaciones y responsabilidades. (Ver nota aparte)

TRABAJO INFANTIL NO!
A raíz de los cuestionamientos y consultas surgidos de algunos de los participantes, dos cosas dejaron claras todos los funcionarios presentes, NO al trabajo infantil y NO al trabajo irregular.
La propuesta, fue acercar en breve algún operativo conjunto del Registro de las Personas, Migraciones, el Ministerio de Trabajo y el Consulado Boliviano para facilitar todos los trámites de documentación y registración.

“El cinturón frutihortícola es de los que más empleo no registrado presenta”

En declaraciones a Nueva Sierra, el CPN Ángel Ratto dijo que con la charla informativa se buscó “concientizar” para poder “disminuir la tasa de empleo no registrado en todas las actividades y en todos los sectores productivos”.
Al respecto, el funcionario señaló que si bien “no se han hecho muchas inspecciones”, el cinturón frutihortícola de Mar del Plata “es uno en los que más empleo no registrado presenta, especialmente, de personal extranjero que también tiene problemas de radicación o de admisión para trabajar en Argentina”.

Según manifestó, el trabajo en negro se da, en muchos casos, como consecuencia del “desconocimiento” de los productores a la hora de iniciar los trámites de regularización ya que presumen que les demandará “mucho tiempo y dinero”. Por el contrario, aseguró, “Migraciones tiene procesos bastante ágiles” y hasta anunció que “para la próxima entrada masiva de personas extrajeras, se dispondrá un centro de tramitación móvil para que puedan hacer la radicación”.
“Es decir, se van a radicar, les van a dar el documento y a partir de ahí, el empresario le va a poder dar el alta temprana”, especificó.

En ese marco, Ratto consideró que si los emprendedores rurales cumplen con esos requisitos, “se evitarán numerosas sanciones cuando el Ministerio lleve adelante las inspecciones”. Y enfatizó: “Queremos que no se repita lo que ocurrió en el puerto; que se terminen con estas malas prácticas y que, de alguna manera, tengamos un sector legalmente constituido”.

“Dicen proteger su trabajo”

Por su parte, el Cónsul Adjunto del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires, Lic. Antonio Abal Oña, coincidió con Ratto en la necesidad de que los trabajadores extranjeros “se adecuen a las leyes argentinas” y puedan contar con sus respectivos documentos “para que luego no sean objeto de allanamientos u otras medidas que últimamente han salido del Ministerio de Trabajo”.
Si bien estimó que la zona rural del sudoeste de la Provincia es uno de los puntos de mayor concentración de bolivianos, el Vicecónsul reconoció que “no hay datos precisos” en relación al número de familias instaladas. Inclusive, reflejó que “el último censo arrojó que no hay más de 400 mil residentes en la provincia de Buenos Aires, una cifra muy baja si tenemos en cuenta otros estudios que hablan de más de un millón”. También admitió que lo mismo sucede respecto al tipo de relación laboral que establecen una vez en suelo argentino.

“A veces se utiliza mano de obra boliviana en determinados momentos del proceso productivo entonces, de acuerdo o no a la conveniencia del trabajador, puede pasar que venga en temporada alta y luego retorne a Bolivia y no vuelva más, o decida residir en forma permanente”, contó. En este último caso, advirtió, esas personas “deciden proteger su trabajo” y no realizan ningún tipo de denuncia ante una eventual irregularidad.
Similar esquema se da en cuanto al trabajo infantil. Según Abal, el Consulado “no ha tenido oportunidad de hacer ni siquiera un relevamiento respecto de las relaciones laborales porque respeta la jurisdicción de la Justicia argentina” y, para no interferir en los procesos, sólo se hace presente “en la medida que haya denuncias de residentes bolivianos”. Y destacó que a la fecha “no se ha recibido ninguna presentación concreta” pese a “las cosas que están circulando”.
Más adelante, el Cónsul adjunto de Bolivia insistió en la importancia de que “todo residente boliviano temporal o permanente tenga la documentación precisa para que pueda acceder a desarrollar alguna actividad”.
“En forma constante realizamos campañas de documentación a los bolivianos que se encuentran en la zona y sabemos que el desplazamiento a la costa bonaerense es importante. En San Carlos y Sierra de los Padres, por ejemplo, se concentra una gran cantidad de pobladores bolivianos y nuestro objetivo es que no estén indocumentados”, sostuvo.
Por último, al consultársele de qué manera los interesados pueden llevar adelante los trámites de residencia, Abal comentó que la sede del Consulado se encuentra en Capital Federal pero, no obstante a ello, “periódicamente se hacen reuniones en algún lugar y allí se recopila toda la documentación”. “Con esa información nos trasladamos a Capital y, 15 días más tarde, después de procesarla, comenzamos la entrega de documentos”, detalló.

MARCHA POR LA MEMORIA
Entre las miles de personas que participaron el último 24 de marzo en Mar del Plata de la tradicional marcha en repudio al golpe de Estado de 1976, se encontraba el vicecónsul de Bolivia, Antonio Abal Oña. “Hemos acompañado porque tenemos 36 bolivianos desaparecidos durante el Proceso, es decir, nosotros también hemos sufrido los resultados dramáticos de las desapariciones durante la dictadura argentina”, expresó en diálogo con Nueva Sierra.
En ese sentido, evaluó que “este tipo de manifestaciones representan un hecho continental de defensa de la democracia y sus valores contra cualquier posibilidad de interrupción”.
“Recuperar la memoria y reflexionar sobre el futuro de la democracia es un hecho pedagógico para la cultura democrática de los pueblos latinoamericanos”, concluyó.

UATRE: El sindicato

¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?

En su participación en la reunión, Rubén Cepeda, después de advertir sobre la presencia de una nueva organización sindical en el sector, y aclarar que la misma no tienen personería sindical, destacó que de ninguna manera es la intención de su sindicato (UATRE) perseguir a la patronal, pero que ostentan una facultad indelegable e irrenunciable de defender a los trabajadores de su gremio de la explotación, exigiendo las condiciones dignas mínimas de vida, alojamiento y laborales. “Nosotros tenemos la obligación de brindarles el marco legal de las condiciones de trabajo y salarios, pactados mediante convenios y acuerdos, y cuando un trabajador se acerca a nosotros con un problema tenemos que brindarle todo nuestro apoyo”.

¿DE QUÉ LADO ESTÁS?
Cabe destacar que pareciera que el repentino interés y la participación de UATRE a favor de los trabajadores es a partir de enero de este año, luego de la aprobación del nuevo Estatuto del Peón Rural, cuando el Ministerio de Trabajo puso en funcionamiento el nuevo registro público de los peones rurales, que tiene por objetivo hacer cumplir los alcances de la nueva norma.
El delegado normalizador de la cartera laboral, Oscar Marcelo Maffe, tuvo que ingresar al edificio del ex Renatre, a las 6.15 de la mañana, ya que 15 días antes, el Momo Venegas (titular del gremio UATRE) había logrado frenar el ingreso del delegado normalizador, con la ayuda de un grupo de patovicas.

En el ex Renatre se está realizando una auditoría contable y financiera del organismo que era manejado por Gerónimo “Momo” Venegas –vinculado con Eduardo Duhalde– y con las entidades agropecuarias del sector: Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro.

De los análisis previos realizados por la cartera laboral surgió que durante nueve años (2001-2010) el Renatre recaudó 496 millones de pesos, de los cuales utilizó un 20 por ciento en gastos de personal y sólo un 9 por ciento en la detección de abusos laborales. Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que el ex Renatre “fracasó en sus intentos de potenciar el trabajo registrado” en el sector rural. Según los datos oficiales, de 1,3 millón de peones, casi el 70 por ciento está en la informalidad. Pero esto no es todo. Durante el último año, el ex Renatre pagó sueldos a sus ocho directores –cuatro de UATRE y cuatro de las entidades patronales– por casi 3,5 millones de pesos. El Momo Venegas obtuvo una retribución bruta, sumado a viáticos y aguinaldo de 444.000 pesos, que se sumaron a sus ingresos por ser secretario general de UATRE y tener un cargo directivo en la obra social del gremio. En total, el Momo sumó más de un millón de pesos. Este es uno de los datos que posiblemente queden registrados en el informe final que deberá entregar la SIGEN (Sindicatura Gral de la Nación).

NONSANTO
Por otro lado, a partir de la vigencia plena de la ley, las empresas de contratación temporaria de personal no podrán actuar más en el sector agropecuario. Esto es relevante, teniendo en cuenta que en el mes de enero la AFIP encontró “trabajo esclavo” en campos de la empresa Monsanto.

Desde el mismo seno del cuestionado sindicato se acusa a Venegas por el origen de los fondos que dicen, no son aportes de los trabajadores sino fondos que pagan los empresarios por el silencio del sindicato ante la explotación laboral que se produce en el sector de trabajo que deberían proteger.

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