Se ordenó el decomiso de los predios

trataPROCESAN A UNA FAMILIA DE SIERRA DE LOS PADRES POR TRATA LABORAL
Un matrimonio y su hijo, dueños de dos quintas cercanas a Sierra de los Padres, fueron procesados por trata de personas con fines de explotación laboral por la situación que se encontraban nueve personas, en su mayoría oriundas de Bolivia, que trabajan en los terrones. Además, se ordenó el decomiso preventivo de los predios y la registración de trabajadores y trabajadoras.
En los predios agrícolas situados a la altura del kilómetro 7 de la ruta 226, a un lado y otro del camino denominado “El Chajá”, la informalidad laboral y las precarias condiciones de vida eran la regla. Hasta allí llegó la investigación de la Fiscalía Federal Nº2, a cargo de Nicolás Czizik, que terminó con un allanamiento donde se encontraron nueve personas que eran explotadas laboralmente y los tres responsables de las quintas, una pareja y su hijo, fueron detenidos.
Luego de las declaraciones testimoniales prestadas y la inspección realizada en el lugar por las autoridades judiciales, el juez federal Santiago Inchausti resolvió el procesamiento, sin prisión preventiva, de Severino Villarrubia, Cresencia Sánchez Orosco y Erwin Villarrubia Sánchez, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por la participación de tres personas y por el abuso de su situación de vulnerabilidad.
Al dar cuenta de la realidad encontrada en los predios, el magistrado señaló “el deterioro de las condiciones de vida” y “la extensión abusiva de las jornadas laborales, la falta de horas y días de descanso, retribuciones por debajo de los mínimos que rigen la actividad y con modalidades de pagos abusivas”. Cuestiones climáticas, el estado de las verduras o razones de salud generan que su salario sea incierto. La resolución judicial reparó en que las víctimas, a excepción de una trabajadora, son migrantes, y la gran mayoría tiene primario incompleto.
La causa se inició a través de una denuncia anónima de una persona que acudió a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones y dio cuenta de lo que se vivía campo adentro, “cobrando un jornal ínfimo en virtud de las deducciones que el encargado le realiza en concepto de alimentos y servicios”.
A su vez, resolvió un embargo sobre los bienes y/o dinero de los imputados hasta cubrir la suma de $3.500.000; y dispuso el decomiso preventivo de los predios rurales allanados, como así también de todos los elementos de trabajo, de acuerdo al artículo 23 apartado sexto del Código Penal, dado que allí fueron encontradas personas en situación de trata con fines de explotación laboral, sitio en el que además vivían en precarias condiciones, y se encontraban bajo la órbita de sus explotadores durante las 24 horas del día.

Fuente: quedigital

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