“Queremos darle un vuelco positivo al sector”

clustersarquisEl Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, firmó con la Asociación de Frutihorticultores del distrito de General Pueyrredón, un convenio para la conformación de un clúster frutihortícola zonal, con financiamiento solicitado a la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). La iniciativa busca involucrar a todos los actores de la cadena de frutas y hortalizas y así mejorar la forma en que se produce y comercializa. El clúster es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e involucra a unas 10.000 hectáreas de frutas y hortalizas concentradas, principalmente, entre Batán y Sierra de los Padres.

Un cluster –como espacio económico- debe estar asociado no sólo a una especialización productiva sino también a una proximidad geográfica; es decir, a cierto territorio. En pocas palabras, un cluster se asocia a un producto y a un territorio específico. Así, podemos definirlo de forma muy sintética como una concentración sectorial y geográfica de empresas -en su mayoría pequeñas y medianas (PyMES)-, instituciones, proveedores de servicios y distintos organismos públicos y privados reguladores, dedicados y vinculados entre si a la producción de algún producto homogéneo o productos interrelacionados y que enfrentan juntos oportunidades y amenazas comunes.
En ese contexto, el ministro Sarquís aseguró que «nosotros queremos darle un vuelco positivo muy importante al sector. Desde mi lugar, voy a tomar todas las decisiones que hagan falta para elevar el nivel y que produzcamos cada vez alimentos de más valor».
«Junto con la gobernadora María Eugenia Vidal, vamos a seguir aportando todas la herramientas necesarias para que generemos productos de calidad. Este clúster es una prueba de que se puede trabajar en equipo», agregó. Además, Sarquís anticipó que el próximo paso será crear una Mesa de diálogo con todos los actores de la cadena frutihortícola, y así producir medidas en forma conjunta, que sean específicas para el sector.
El acuerdo apunta a crear un proceso de planificación participativo, que involucra al sector público, al privado y a los centros de investigación para mejorar la forma en que se producen y comercializan los productos de la frutihorticultura. Se trata de un trabajo conjunto entre técnicos, profesionales y productores con el fin de generar medidas que den solución a los conflictos del sector.

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