La Suprema Corte ratificó la prohibición de fumigar a menos de mil metros de los núcleos poblacionales

Por Javier Andrada

El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires resolvió mantener en vigencia la prohibición del uso de agrotóxicos hasta que se dicte sentencia definitiva. Además, convocó a las partes -la municipalidad y los vecinos demandantes- a una audiencia el próximo 4 de julio.

El malestar por el uso de agrotóxicos va creciendo en la población. Pero también la organización de quienes ven comprometida su salud a costa de la ganancia de pocos. En los últimos años, ha quedado demostrado -a través del trabajo de científicos comprometidos con la sociedad- que no hay forma de escapar de los venenos; están en los alimentos, las nubes (por la evaporación) la tierra y el aire. Al mismo tiempo, empezó a vislumbrarse un reflejo de lucidez en el Poder Judicial. En 2012, la condena a tres años de prisión condicional a un productor agropecuario y un aerofumigador en Ituzaingó, Córdoba, se transformó en el primer caso en la Argentina donde los responsables de enfermar a la comunidad eran castigados. En un barrio de 5 mil habitantes, había 200 enfermos de cáncer. Además, muchos niños y niñas con malformaciones generadas por los pesticidas que aplicaban en los campos de soja de los alrededores. Las Madres de Ituzaingó fueron conocidas en todo el mundo por su lucha. Una de ellas, Sofía Gatica, ganó el premio Goldman en los Estados Unidos, conocido como el Nobel ambiental. La hija de Gatica murió a los tres días de nacer por una malformación congénita del riñón. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados alerta sobre el crecimiento de los abortos espontáneos (19 % de los embarazos), problemas respiratorios, dermatitis crónicas y malformaciones: “Cada vez nacen más niños con malformaciones congénitas en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones”.

El partido de General Pueyrredon no es una isla. Las denuncias en barrios distantes entre sí como Félix U. Camet, Colina Alegre, Hipódromo, El Tejado, Los Acantilados y La Gloria de la Peregrina, evidencian que el problema es más grave de lo que piensa el intendente Carlos Arroyo. El jefe comunal insiste para que se fumigue con total impunidad bajo el paraguas de una nueva campaña del miedo: “aumento de desempleo, pérdida de ingresos económicos, disminución de la oferta de alimentos”. De esta forma, el municipio prioriza la rentabilidad por sobre la salud de los habitantes.

Jorge Picorelli, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos, es optimista con la resolución judicial: “La Corte se expidió, por tener fundamentos sobrados pero, como el poder político y económico es tan grande, también tenemos algunas dudas. Nadie cumplió con lo que exige la Corte: no lo hizo Arroyo, el gobierno anterior, el Concejo Deliberante ni la Defensoría del Pueblo. Ninguno actuó en consecuencia. Hay mucha incongruencia. El intendente, que ahora hace oídos sordos a los reclamos, en su momento, cuando era concejal, votó a favor de la protección”.

En septiembre de 2014 la Suprema Corte suspendió, con carácter cautelar, los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza 21.296/2013 dictada por la Municipalidad de General Pueyrredon y dispuso que se aplicara el régimen anterior previsto en la Ordenanza 18.740/2008, hasta tanto se arribara a una solución definitiva acerca de la constitucionalidad.

A menos de mil metros de los núcleos poblacionales, no se puede fumigar, ni transitar maquinaria con pesticidas. El máximo tribunal provincial exige al municipio que procure por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento. Sin embargo, Picorelli asegura que “No hubo ni habrá controles. Ellos hablan de buenas prácticas, para nosotros una buena práctica sería no usar esos agrotóxicos que ya están en el aire, en la lluvia y en los cursos de agua. Un reciente análisis del Grupo Aguas de la Universidad dio contaminación con glifosato en el arroyo de los Padres, en la entrada a la laguna y en la salida del arroyo La Tapera. A esas buenas prácticas ¿cómo las contralarían? ¿habría un ingeniero agrónomo en cada campo? Y además, ¿por qué no lo hicieron antes? Hace 25 años que tenemos estas fumigaciones inescrupulosas, con gente enferma y muerta.”

La muerte acecha las escuelas rurales
El 8 de junio pasado falleció Ana Zabaloy, exdirectora del Escuela 11 de San Antonio de Areco, quien resultó envenenada tras una fumigación. En una carta publicada por la revista Cítrica, relataba su historia: “Sufrimos junto a mis alumnos constantes fumigaciones con agrotóxicos en pleno horario escolar. En una de esas ocasiones el producto utilizado fue 2,4-D, y me volví a mi casa con una parestesia facial y con una insuficiencia respiratoria. Las fumigaciones nos atravesaron la vida y en muchos casos se llevaron por delante nuestra salud. Nadie nos los contó, no lo leímos en ningún diario, nos pasó, lo vivimos, como una cotidianidad inevitable. Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo”.

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